Por unanimidad, los jueces del máximo tribunal resolvieron que el Gobierno tiene la obligación de llamar a audiencias públicas antes de establecer un incremento de las tarifas de los servicios. El fallo suspende el aumento para los usuarios residenciales, con lo cual las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes anteriores.

El tribunal expresamente hace una distinción:

-La audiencia es inexorable para determinar el precio del transporte y distribución.

-En cambio, para fijar el precio de extracción de boca de pozo, el Gobierno deberá hacer la audiencia a menos que pase a hacerlo el mercado.

El fallo suspende el aumento para los usuarios residenciales.

Respecto de ellos, las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes anteriores

Fuente: Misionesonline