En un clima tenso, se viene una nueva protesta por parte de policías “autoconvocados” y podrían haber más sancionados. “Si me toman una comisaría, voy y los saco a tiros”, dijo el ministro días atrás.
En un intento por desactivar una nueva protesta policial que se anuncia para el jueves 11, el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni , decidió desafectar de la fuerza a más de 400 agentes que participaron en la revuelta por mejoras salariales realizada en la primera semana de septiembre.
Según confirmaron a Clarín fuentes oficiales, se trata de «un primer grupo de sancionados». Quiere decir que podría haber más oficiales y suboficiales que terminen desplazados de la institución. La investigación interna realizada por Asuntos Internos consideró que estos funcionarios públicos «participaron activamente de una insubordinación, que resulta una falta grave».
La decisión del gobierno provincial se conoce a dos días del llamado a un nuevo reclamo, que se promueve a través de las redes sociales y está encabezado por un sector que se denomina «Policía Reclamando» y que tiene 54 mil seguidores en Facebook.
El movimiento virtual, reforzado por centenares de grupos de whatsapp y avalado -aunque no convocado- por el Sindicato de Policías Bonaerenses (Sipoba, que no tiene reconocimiento legal pero es una referencia), resultaba una carga pesada para la gestión de Berni.
Aunque en el ministerio negaban entidad a la convocatoria, Berni le dijo a Clarín hace cinco días que «si me toman una comisaría, voy y los saco a tiros, como corresponde». El funcionario provincial explicó que no discutiría temas de salario con los uniformados. «No. Esto no es una negociación. Nosotros hacemos una reparación histórica, no una paritaria. Algunas de las cosas que dicen (los que plantean reclamos) son reales pero las heredamos de (la gestión de María Eugenia) Vidal».
El año pasado, la manifestación que comenzó frente a varias dependencias policiales del Conurbano, se extendió a casi todo el territorio y tuvo un pico de tensión cuando se pararon decenas de agentes con patrulleros y realizaron un piquete frente a la residencia presidencial de Olivos.
Luego de casi una semana de tensiones, el gobernador Axel Kicillof consiguió auxilio financiero de Nación para otorgar un aumento que llevó el sueldo mínimo del policía que ingresa a casi 44 mil pesos de bolsillo. Hubo también mejoras en las horas extras (Cores) y beneficios para la compra de equipamiento personal.
Pero el acuerdo con los policías abrió al Gobierno un foco de tensión con la Ciudad de Buenos Aires: porque las partidas para mejorar los sueldos salieron de la quita de puntos porcentuales de la coparticipación que estaban destinados a esa jurisdicción que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Es una disputa que aun no está cerrada y derivó en reclamos judiciales de la CABA.
Según confirmaron a Clarín fuentes oficiales, más de 400 agentes que participaron de esa protesta fueron declarados en «disponibilidad preventiva». Es una primera lista de amonestados pero la auditoría de Asuntos Internos que interviene en el proceso administrativo sigue con la instrucción. «En las próximas semanas se conocerían más agentes sancionados», adelantaron en seguridad.
«Quedaron desafectados del trabajo, como medida preventiva. Pero pueden ser dados de baja y exonerados, que resulta la sanción más severa del régimen policial», aclaró un abogado que trabaja cerca de la Auditoría.
Por cuerda separada, toda la documentación reunida por Asuntos Internos se remite a los juzgados federales y penales donde están tramitando las causas abiertas después del conflicto que comenzó el 8 de septiembre del año pasado.
La disponibilidad preventiva es el primer peldaño en la escala de medidas punitivas internas. Luego sobreviene la decisión condenatoria (desde el plano administrativo). Y a partir de esta decisión que alcanza a poco más de 400 oficiales y suboficiales en actividad, quedan separados de sus funciones, no tienen asignadas tareas, se les retiró el arma reglamentaria y pasaran a cobrar el 50% de sus sueldos.
Pasados seis meses desde la notificación ya no tienen derecho a acceder a esa porción del sueldo.
La novedad provocó sorpresa entre los sectores de «autoconvocados» que preparaban las protestas para el jueves. Iban a tener eje central en Pinamar y Mar del Plata (allí están concentrados centenares de agentes por el operativo de verano) y preveían movilizaciones de «personal fuera de servicio» frente a departamentales del Gran Buenos Aires.
«Es una medida de amedrentamiento», comentó uno de los organizadores de la movida policial.
Las sanciones se viralizaron con la velocidad de un rayo por las redes sociales. Y hubo respuesta inmediata «No es la solución meter miedo y querer frenar el reclamo. Estas generando más malestar», le escriben a Berni desde la página de Facebook.
La Plata. Corresponsalía. fuente:CRONICA
