El Gobierno descontará el día a los empleados de la Administración Pública Nacional que adhieran al paro convocado por ATE para este jueves y, en paralelo, busca acercar posiciones con las universidades para reducir otro de los focos de conflicto. La estrategia oficial apunta a mantener una postura dura frente a la medida sindical y negociar una salida presupuestaria con rectores, docentes y no docentes.
En Nación confirman que se descontará la jornada a quienes participen de la huelga, bajo el mismo criterio que el Ejecutivo aplicó en medidas de fuerza anteriores. ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para el 15 de octubre y a una movilización al Congreso desde las 13.30 para reclamar la derogación completa del DNU 70/2023.
El sindicato anticipó que durante la jornada habrá guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en determinados centros asistenciales. También prevé afectaciones en organismos nacionales como Migraciones, Senasa, ANSES, PAMI, la CNRT y la ANAC, además de dependencias provinciales y municipales, aunque cada jurisdicción determinará el alcance de la protesta.
La medida coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria y con la sesión especial que sectores de la oposición intentarán abrir en Diputados para avanzar contra el DNU 70. En la Casa Rosada sostienen que, por el momento, los bloques opositores no reúnen el quórum necesario y trabajan con aliados para evitar que la sesión comience.
El frente universitario, sin embargo, tiene una estrategia diferente. El Gobierno quiere alcanzar un acuerdo dentro del Presupuesto 2027 y admite que está dispuesto a aumentar los recursos previstos para las universidades, aunque rechaza llevar la partida hasta los aproximadamente $11 billones que solicita el Consejo Interuniversitario Nacional.
El proyecto enviado al Congreso contempla alrededor de $7,5 billones para el sistema universitario, mientras que el cálculo presentado por las casas de estudio ronda los $11 billones. La diferencia se ubica cerca del 32%. Un documento elaborado desde el sector universitario sostiene además que la propuesta oficial no cubriría las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario y de las resoluciones judiciales vigentes.
En el Gobierno consideran que la negociación no debe reducirse al monto global de las transferencias. Entre los asuntos que comenzaron a aparecer en las conversaciones figuran cuestiones impositivas y previsionales vinculadas con ARCA, además del esquema de aportes patronales que alcanza a las universidades nacionales.
